Nuevo presidente del Parlamento del Mercosur

El parlamentario uruguayo Juan José Domínguez fue electo el pasado lunes 17 de agosto como nuevo presidente del Parlamento del Mercosur durante la vi Sesión Extraordinaria realizada en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay.

Antes de efectuarse el traspaso de la Presidencia, fue leído un informe de las actividades realizadas durante la Presidencia Pro Témpore paraguaya, destacándose especialmente la Sesión xvii y la iv Sesión Especial, realizadas en Asunción del Paraguay, siendo que en ellas fue aprobado el «Acuerdo Político para la Consolidación del Mercosur».

Domínguez asumió en el lugar del Dr. Ignacio Mendoza Unzaín, que ejerció la función desde el día 10 de febrero del corriente año.

Firman acuerdo entre el Parlamento del Mercosur y

el Programa Mercosur Social y Solidario

Al final de la vi Sesión Extraordinaria del Parlamento del Mercosur, realizada el 17 de agosto de 2009 en Montevideo, se firmó el Acuerdo de Cooperación entre el Parlamento del Mercosur y el Programa Mercosur Social y Solidario.

El presente convenio tiene como objetivo la creación de un espacio de cooperación y complementación técnica para la interacción institucional, facilitando el intercambio de conocimientos entre las organizaciones sociales en la región.

Ignacio Arboleya, integrante del Programa Mercosur Social y Solidario, afirmó que «[…] el acuerdo con el Parlamento del Mercosur es importante, ya que es uno de los componentes que habilitan la participación ciudadana», y resaltó que el convenio permitirá «realizar en forma conjunta, programas de actividades, proyectos específicos y toda la tarea de cooperación que contribuya con los objetivos y competencias de ambas organizaciones».

Discurso de Carlos Zagni, secretario ejecutivo del

Programa Mercosur Social y Solidario

Señores(as) parlamentarios(as), representantes de redes regionales, amigos(as), tengan ustedes muy buenas tardes.

A inicio de los noventa, la decisión política manifiesta en el Tratado de Asunción de sentar bases para la construcción de un proceso de integración —el Mercado Común del Sur, Mercosur— significó un paso trascendente para los países de una región que salía de dictaduras, que habían constituido los fundamentos de su poder a partir de la violación del orden institucional, el uso abusivo de la fuerza, el terrorismo de Estado, el desprecio por la democracia y, en no pocos casos, apelando a la hipótesis de conflicto entre los diferentes países hermanos.

Desde entonces, hemos tenido que enfrentar múltiples crisis. La década de los noventa, caracterizada por el embate neoliberal, poco ha aportado para la profundización de esta iniciativa en los términos de una integración más democrática que contemple no sólo los aspectos comerciales más concentrados, sino aquellos que hacen a la participación más amplia de la sociedad sobre la toma de decisiones que afectarán de manera sustantiva la realidad de nuestros pueblos.

Fue tan sólo a partir de los últimos años cuando el debate en torno a la consolidación de la democracia en América del Sur, comenzó a ser asociado de manera más o menos directa a la ampliación y profundización de los procesos de integración regional.

En este proceso, se comenzó a hablar con mayor claridad de la necesidad de abordar seriamente algunos puntos conflictivos que obstaculizan y condicionan una construcción más justa de la integración: las asimetrías existentes entre los diferentes países del bloque, el tema energético, la necesidad de mayor transparencia en la dinámica de toma de decisiones, la urgencia de una mayor institucionalidad y de que la misma amplíe los márgenes de participación social para dotarlas de una mayor legitimidad política.

Es innegable la complejidad del desafío, aunque la generación de algunos espacios de participación social, como las Cumbres Sociales, la dinámica alcanzada por algunas reuniones especializadas, la creación de algunas instituciones como este Parlamento, y la más reciente del Instituto Social del Mercosur, son pasos importantes dados en esa dirección.

No obstante, la preeminencia de lógicas y coyunturas nacionales por sobre una mirada regional son aún muy fuertes. Tenemos dificultades para visualizar la necesidad de pensar la ecuación del desarrollo en términos de complementariedad entre los distintos países del bloque. Falta mucho por hacer para que la integración posibilite dar soluciones reales y concretas a los problemas más urgentes de nuestros pueblos, como son la pobreza, un acceso más igualitario al ejercicio de los derechos sociales y económicos para amplios sectores de la ciudadanía, y la defensa de nuestros recursos naturales frente a explotación abusiva de estos, que no sólo compromete nuestro patrimonio, sino la vida misma de las generaciones futuras.

El contexto de crisis internacional por el que atravesamos, nos plantea la urgencia de un debate profundo sobre la integración regional que queremos. A la gravedad del momento, sin embargo, le corresponde una oportunidad histórica y política privilegiada: pocas veces los países latinoamericanos hemos tenido una coincidencia tan importante sobre la necesidad de mantenernos unidos en la defensa de los valores democráticos y hemos sido tan concientes de la fortaleza que nos brinda esa unidad. Por esto mismo, el desafío histórico es mayor, y en él, no sólo están involucrados los gobiernos e instituciones, sino también las organizaciones y movimientos sociales, que deberemos ser capaces de construir nuevas formas de relacionamiento entre sociedad y Estado.

Es por esto, que el Programa Mercosur Social y Solidario, desde hace seis años, viene impulsando una estrategia de fortalecimiento de las capacidades propositivas de diferentes actores sociales de base, y tiene como meta contribuir a constituirlos como interlocutores frente a los gobiernos subnacionales, nacionales e instancias regionales, de manera que puedan colocar sus temas y demandas como parte de las agendas y resoluciones que hacen a la integración.

Creemos que como organizaciones y movimientos sociales tenemos mucho para aportar a un proceso de integración regional que coloque de manera central el respeto y la vigencia de los derechos humanos, como una acción estratégica encaminada a disminuir las brechas de desigualdad, a combatir la pobreza y a la posibilidad de implementar políticas públicas regionales que favorezcan la cohesión social y fortalezcan una cultura política de respeto a la diversidad y a la no discriminación.

Por esto, para nosotros, este acto marca un avance en los objetivos que nos propusimos como plataforma, pero también refuerza el compromiso que asumimos para aportar ideas y propuestas. Es en este marco que la firma del presente convenio adquiere su mejor definición, ya que reconocemos en este Parlamento uno de los espacios de vital importancia para el fortalecimiento democrático del Mercosur, con el que esperamos poder emprender acciones conjuntas que nos permitan fortalecer y construir nuevos espacios de participación ciudadana que den mayor consistencia y legitimidad a un proceso de integración regional, que aspiramos sea más justo y equitativo.

Montevideo, lunes 17 de agosto de 2009