La Nueva Campaña de la Legalidad – Brasil –

CONTEXTUALIZACIÓN

La Presidenta Dilma Rousseff ha sido blanco de ataques sistemáticos de los políticos de la oposición, los medios de comunicación y los sectores conservadores de la sociedad desde el anuncio oficial de su victoria en la segunda vuelta de las elecciones de 2014. En un primer momento, incluso antes de que la Presidente prestara juramento en el cargo, la oposición inició una campaña para diseminar incredulidad con respecto a la confiabilidad del recuento de votos y la regularidad del sistema electoral computarizado. En una decisión inédita desde la implantación del voto electrónico (1996), el Tribunal Superior Electoral autoriza la auditoría reclamada por el candidato derrotado, sin conseguir demostrar indicio de fraude.

Fracasada esta primera tentativa de inviabilizar el gobierno electo, el candidato de la oposición inconforme con la derrota, convoca la población brasilera a salir a las calles para pedir la renuncia de la Presidenta, acusándola de abuso de las cuentas públicas para ganar las elecciones. Los principales movimientos organizadores de las protestas, auto definidos como “apartidarios y espontáneos”, de orientación política
conservadora y financiados por grandes corporaciones nacionales y extranjeras defensoras del libre mercado, quierem el impeachment.

En el comienzo de 2015, la coligación del candidato derrotado pide a la justicia electoral la impugnación del mandato de la Presidenta y del Vice-presidente, alegando abuso de poder político y económico durante la campaña (al final del mismo año, la acción és aceptada por el Tribunal Superior Electoral –hasta ahora la acción no ha sido juzgada).

En el transcurso del año de 2015, los ataques de la oposición se intensifican. Es el momento en que la Petrobras se convierte en blanco de la mayor operación contra la corrupción ya realizada en el País – lo que solo es posible exactamente en razón de las medidas de control y transparencia aprobadas a lo largo de los años de gobierno del Partido de los Trabajadores. Los medios de comunicación privados promueven las acciones del juez Sergio Moro – encargado de los procesos instaurados a partir de las investigaciones policiales – como un espectáculo de masas. Esto se realiza por medio de sistemática cobertura selectiva y parcial en relación a los hechos, acompañada de comentarios despreciativos en relación al gobierno y estigmatizantes en relación a sus apoyadores. Grandes grupos de comunicación se dedican claramente a desconstruir uno de los lados de la disputa política y a fortalecer el otro, fomentando la idea de que el Partido de los Trabajadores es el responsable por la corrupción estructural en Brasil. Reducen la dimensión de las manifestaciones populares a favor del gobierno y ocultan los matices y la complejidad del momento político, colocándose entre los protagonistas de la campaña “Fuera, Dilma!”.

Aún en 2015, el Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, investigado por envolvimiento en el esquema de corrupción de la Petrobras y reo en acción penal por recibir propina en cuenta no declarada en Suiza, recibe pedido de impeachment fundado 1) en las llamadas “pedaladas fiscales” (de 2015), presentadas como operaciones de crédito entre la Unión y los bancos públicos (Banco do Brasil, Caja Económica Federal e BNDES), y 2) en la edición de seis decretos no numerados responsables por la abertura de créditos suplementarios, sin autorización legislativa.
Ninguna de las dos acciones, todavía contempla la exigencia constitucional de ofensa a la ley presupuestaria que configure crimen de responsabilidad, única situación en que el ordenamiento jurídico brasilero autoriza la tramitación del proceso de impeachment. Eduardo Cunha, aún no apartado por la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, sigue intocado en el cargo de Presidente de la Casa. En esa posición, con el apoyo de la oposición derrotada en las urna en 2014, se prepara para conducir la primera y la más importante fase del proceso de impeachment.

Del otro lado, sujeta a impedimento, sin cualquier indicio, investigación o acusación de evasión de impuesto o de informaciones de bienes y valores a la receta federal, se encuentra la Presidenta Dilma Roussef, que no tiene cuentas en el extranjero, que no aparece en cualquier lista de políticos envueltos en la corrupción de la Petrobras, que no aparece como acusada o investigada en ningún procedimiento policial o criminal. De un lado el principio de la presunción de inocencia, del otro lado la presunción de culpa como regla política del momento.

Para agravar, la Comisión Especial del proceso de impeachment en la Cámara de Diputados está formada en su mayoría por políticos que, comprobadamente, recibieron donaciones de campaña por parte de empresas que figuran en la investigación de los desvíos en la Petrobras. Miembros de esa Comisión Especial son políticos investigados en esa misma operación policial. Brasil vive un momento particular de gran aprensión y sufrimiento. En las calles y en las redes sociales, odios son destilados a aquellos que apelan por la defensa de la Democracia o del Derecho.

Ciudadanos comunes o figuras públicas que no participan del “falso consenso” producido por la oposición se convierten en blanco de ataques personales estimulados por la media conservadora y dominante, claramente interesada en la reversión de las urnas. La Presidenta Dilma es ofendida inclusive en su condición de mujer, por medio de insultos machistas y chistes misóginos. Políticos aliados, por intereses personales o electorales, se retiran de la sustentación política del gobierno. Desde las elecciones, la propia gobernabilidad viene siendo amenazada, innúmeras acciones son inhabilitadas por la mayoría parlamentar, para fomentar la crisis económica, social y política que autoriza el discurso golpista. El derecho ha sido usado por muchos juristas o agentes del sistema como instrumento político de reversión del resultado de las urnas, en flagrante abandono de principios elementales garantizados en diversas instancias judiciales. En este escenario, es altamente preocupante la perspectiva de ruptura del orden democrático e la violación de la soberania popular por la vía del abuso de poder. O, en otras palabras, por el ejercicio de un poder que  no se somete al Derecho.

La ausencia de fundamentos de hecho válidos para motivación de impeachment, el uso reiterado de juicios políticos, dudosos e imprecisos, y el descumplimiento del principio constitucional de la legalidad son la caracterización instrumental de lo que puede llamarse «golpe legal», «golpe blanco» o «golpe de Estado encubierto» (la deposición de Fernando Lugo, Presidente de Paraguay, en el año 2012, aunque no sea un caso aislado en América Latina, es lo que mejor ilustra la aplicación de este juicio político, para la deposición del jefe del poder ejecutivo en el sistema presidencial: “mal desempeño político”).

Sin embargo, en el sistema presidencial, el juicio sobre el desempeño político del mandatario es del ciudadano, al votar en elecciones regulares y directas, jamás del legislativo, bajo pena de romper el estado de derecho democrático.

LA NUEVA CAMPAÑA DE LA LEGALIDAD: MANIFIESTO DE JURISTAS EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL ESTADO DE DERECHO

A la Excelentísima Señora Presidenta de la República, a los Excelentísimos Señores Senadores de la República, a los Excelentísimos Señores Diputados Federales, a los Excelentísimos Señores Ministros del Supremo Tribunal Federal, al Pueblo Brasileño.

La nueva campaña de la Legalidad: Manifiesto de Juristas en Defensa de la Constitución y del Estado de Derecho.Nosotros, los abajo firmantes, juristas, abogados, profesores de derecho de todo el país venimos por medio de esta nota:

1 – Afirmar el Estado Democrático y Constitucional de Derecho, que debe estar sometido a las leyes y realizarse a través de ellas, no admitiendo violaciones de garantías fundamentales establecidas ni la instalación de un estado de excepción por medio de un proceso de impeachment sin fundamento jurídico;

2 – Defender la imparcialidad de la justicia, que debe operar según los dictámenes de la Constitución y del ordenamiento jurídico, no admitiendo su partidarización, su funcionamiento selectivo y persecuciones políticas de cualquier naturaleza;

3 – Sustentar la represión a la corrupción, que debe realizarse de forma ética, republicana y transparente, por los medios pertinentes, sin que para esto haya cualquier restricción o flexibilización de derechos o mismo la utilización irresponsable de medios de comunicación para la sustentación artificial y no idónea de procedimientos judiciales. La eliminación de la corrupción no puede corromper los derechos;

4 – Decir que lucharemos para preservar la estabilidad y el respeto a las instituciones políticas lo que, especialmente en un momento de crisis, viene a ser la posición más prudente, en el sentido de hacer respetar la voluntad del Pueblo, manifestada a través de los medios definidos por la Constitución, por medio de elecciones directas regulares y periódicas. Brasil vive, en el momento actual, grave crisis en su reciente democracia. Durante los años de dictadura, muchos ciudadanos sufrieron y se sacrificaron, para que estemos hoy en pleno ejercicio de nuestros derechos.

La corrupción no es un hecho nuevo, sino que se arrastra desde hace mucho tiempo en el Brasil, y debe ser fuertemente combatida. Mas, con el fin de eliminar la corrupción, no podemos, bajo pena de retroceder al nivel de las graves violaciones a los derechos de los ciudadanos brasileños, acontecidas durante la dictadura militar implantada por el golpe de 1964, permitir: la relativización de la presunción de inocencia; expedientes arbitrarios como conducción coercitiva de investigados o pedidos de prisión preventiva, sin el debido respaldo legal; utilización de la prisión temporaria, igualmente cuando ausentes los presupuestos previstos en la legislación, con el fin de obtener delaciones premiadas; interceptaciones telefónicas ilegales que violan las prerrogativas de los abogados y hasta mismo de la Presidencia de la República.

Además no podemos permitir el comprometimiento de los principios democráticos que regulan el proceso, con las operaciones mediáticas y divulgaciones no autorizadas y selectivas de documentos protegidos por secreto de justicia (“vazamentos”), que visan destruir reputaciones e interferir en el debate político, además de tensionar la opinión pública para apoyar tales operaciones.

No podemos aceptar la relativización del principio democrático por medio de un procedimiento de impeachment sin fundamento jurídico. La Constitución exige el cometimiento, por el Presidente, de crimen de responsabilidad, que sea previamente definido en ley ordinaria.

No se trata, por lo tanto, de pura y simple decisión política ligada a satisfacción o insatisfacción con la gestión. El voto popular escoge el Presidente para un mandato de cuatro años, al final del cual será evaluado. Aún que se afirme ser el impeachment una decisión política, eso no aparta su juridicidad, o sea, su carácter de decisión jurídica obediente a la Constitución.

La aprobación de leyes o la edición de decretos también son decisiones políticas, mas ni por eso pueden contrariar la Constitución. Afirmar que el juicio es político no puede significar que la constitución pueda ser descumplida. Es requisito de constitucionalidad para el impeachment la prueba de la existencia de crimen de responsabilidad. Mismo por un análisis demasiado legalista del proceso, la conclusión de la inexistencia de crimen de responsabilidad se impone.

La democracia permite la divergencia sobre la corrección de las decisiones políticas, más la decisión última sobre los errores y los aciertos, en un régimen democrático, reposa en el voto popular. Mismo a los parlamentares electos por el pueblo no les es dado por la constitución el poder de excluir el jefe del Ejecutivo, también electo por el sufragio, basados en la discrepancia Política, mas apenas en la hipótesis estricta y excepcional del crimen de responsabilidad. En ese sentido, queremos afirmar que la lucha para preservar la estabilidad y el respeto a las instituciones políticas pasa por el respeto al mandato popular adquirido por medio del voto en elecciones regulares.

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