Las organizaciones sociales que integramos el Programa MERCOSUR Social y Solidario (PMSS) y el Colectivo Argentino del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) queremos expresar nuestro más enérgico rechazo al avance de una política nacional que – por distintas vías – intenta desandar el camino transitado por todo el pueblo argentino que desde hace más de treinta años optó por construir un país basado en el respeto por los Derechos Humanos y una política de Memoria Verdad y Justicia como fundamentos de la Democracia en la que aspiramos vivir como Nación.
El fallo por el cual la Corte Suprema de Justicia aceptó aplicar el beneficio de reducción de la pena conocido como “2 x 1” a un condenado por crímenes de lesa humanidad, constituye un nuevo hecho que confirma el cambio de paradigma judicial y político frente a los crímenes del Terrorismo de Estado que el gobierno de Mauricio Macri ha venido desplegando a través de distintas medidas desde el momento en que asume la presidencia de la Nación. Las declaraciones vertidas por diferentes voceros del ejecutivo nacional, entre ellas las del propio Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, dan cuenta de ello. El secretario declara estar más preocupado por el calificativo utilizado por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo haciendo mención al carácter abominable del fallo de la corte, que f rente a la posibilidad de que torturadores y asesinos queden en libertad a partir de su aplicación.
Para los jueces de la Corte Suprema de Justicia Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, el represor Luis Muiña – condenado por el secuestro de 22 personas, de las cuales seis continúan desaparecidas – puede ser beneficiado con la ley 24.390, sancionada en 1994.
Una Ley que estuvo en vigencia entre 1994 y 2001: mucho después de las privaciones ilegales de la libertad en las que estuvo involucrado Muiña y mucho antes de que fuera detenido, procesado y condenado. Sostienen que “la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho”. Esta cita, resulta cuanto menos llamativa si consideramos la contradicción que evidencia con respecto a otros casos en los que la Corte Suprema dejara por sentado que este tipo de beneficios no son aplicables a los crímenes de Lesa Humanidad. Mas aún si consideramos que pareciera estar destinada a justificar la decisión frente organismos y familiares que debieron esperar pacientemente más de 30 años para que el Estado argentino asumiera su responsabilidad frente a las violaciones de los derechos humanos perpetrados por la dictadura cívica – militar. El fallo abre la posibilidad a otros reclamos similares lo que constituye sin dudas un camino de impunidad para otros represores responsables de crímenes de Lesa Humanidad.
Es en este escenario que tampoco podemos dejar pasar de mane ra inadvertida el llamamiento que los obispos católicos hacen desde la Asamblea de la Conferencia Episcopal Argentina y que denominan “un tiempo de reflexión sobre los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar”. Cuarenta y un años después del golpe Cívico Militar, los obispos denominan “acontecimientos” al plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición de personas llevado adelante por el Estado en manos de un gobierno de facto, y en ese marco pretenden reflexionar escuchando en un pie de igualdad – que contradice todo fundamento jurídico – a víctimas y victimarios. Los intentos de algunos sectores de la jerarquía eclesiástica argentina por instalar la “teoría de los dos demonios” no son nuevos, pero resulta evidente que el nuevo clima de época auspiciado por el macrismo les brinda un marco propicio para plantear la necesidad de una reconciliación nacional basada en el olvido y la impunidad.
Frente a esto manifestamos que no hay posibilidad de reconciliación sin arrepentimiento ni justicia. Si hay arrepentimiento que asuman los delitos cometidos y aporten la información necesaria para llegar a la verdad; si hay Justicia que cumplan sus condenas en cárcel común y efectiva.
Programa MERCOSUR Social y Solidario: Acción Educativa Sta Fe, Canoa, Centro Nueva Tierra, FEC, InCuPo, INDESO Mujer.
CEAAL: Acción Educativa Sta Fe, AREPA, Canoa, CECOPAL, Centro de Educaci ón Popular Felicita Mastropaolo, CePaDeHu, ETIS, FEC
