El actual gobierno en Argentina desde el 2003 y hasta la actualidad surge en un contexto socio-político que conjuga (entre otros) dos factores importantes en aquel momento: por un lado un alto nivel de movilización social de protesta y de organización popular en torno a las consecuencias de la crisis socio económica producto de las políticas neoliberales de los noventa. Por otro parte, en ese contexto, hay un marcado descreimiento sobre la clase política y su capacidad de transformar las condiciones sociales existentes.
En ese contexto y con un reducido caudal electoral (22%) asume la Presidencia Néstor Kirchner en mayo de 2003 que luego fue sucedido por dos gobiernos sucesivos de Cristina Fernández de Kirchner quien gobierna hasta la actualidad (con mandato de gobierno hasta 2015) y que inaugura el denominado período del kirchnerismo. Ese reducido caudal electoral que no fue revalidado en segunda vuelta por la defección al proceso de ballotage de quien en aquel momento era el otro candidato a esa instancia, Carlos Menen. Ese reducido caudal electoral inicial del primer gobierno fue ampliando en las dos sucesivas elecciones presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner. Esto merece aclararse ya que marcó quizás desde el inicio la forma de establecer el vínculo político: desde el inicio del gobierno de Néstor Kirchner muchas de las acciones e iniciativas de gobierno fueron tomadas más que de su partido político (Frente para la Victoria) de reivindicaciones de movimientos y organizaciones sociales (MMyOS), lo cual reconfiguró fuertemente la relación del gobierno con dichos MMyOS.
La Argentina atraviesa un periodo en el cual los actores políticos más relevantes (partidos o fracciones políticas, organizaciones sindicales y movimientos sociales) estructuran su acción fundamentalmente en torno a su posicionamiento respecto al gobierno nacional y concretamente la figura presidencial. Así la escena política está claramente configurada por actores que se posicionan en relación al kirchnerismo y a lo que éste define como modelo nacional y popular ya sea en su apoyo y defensa o en su confrontación. Como espacio de oposición hacia el gobierno cobran particular relevancia los medios de comunicación hegemónicos, lo que en muchos casos, tienen mayor capacidad de instalación de agendas que los propios actores políticos de la oposición.
El gobierno nacional establece la base de su iniciativa política con un fuerte liderazgo de su Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y con una importante base de legisladores nacionales que le permiten dar una marcada capacidad de ocupar permanentemente el centro de la escena política y poseer la iniciativa política en distintos temas. La Presidenta mantiene una fuerte impronta comunicacional a través de mensajes directos de la acción de gobierno y una discursividad que explicita las orientaciones e intencionalidades de la acción de gobierno. Ha cobrado relevancia los medios públicos de comunicación, fundamentalmente la radio y TV pública como así también la proliferación de medios de comunicación comunitario producto fuertemente de las implicancias de la Ley de medios audiovisuales. Esto ha ido modificando los modos de politización y de vinculación con lo público en importantes sectores de la sociedad.
La mayoría con que cuenta el oficialismo en el Congreso Nacional alcanzadas en el año 2011 y el triunfo electoral de la Presidenta Cristina Fernández con un alto porcentaje (54%) han constituido la principal base de sustentabilidad del gobierno frente a movilizaciones de determinados sectores (provenientes de capas medias y altas de la sociedad) que en diversos momentos se han convocado para expresar su disconformidad y reacción frente a determinadas medidas económicas, preconizando dicha reacción contra la figura presidencial.
En términos de la relación gobierno-sociedad puede caracterizarse como un régimen de gobierno en tanto un populismo de izquierda. Populismo (en el sentido que lo plantea Laclau) que canaliza en las acciones de gobierno una serie de demandas insatisfechas y, por tanto, ese régimen de gobierno y sus líderes generan un significativo nivel de adhesión e identificación popular.
Y de izquierda porque en sus políticas reivindican un ideario que:
tiende hacia una mayor igualdad social (procesos de distribución más justa de la riqueza);
reivindica una ampliación de derechos igualitarios en términos políticos, económicos, sociales y culturales basados en paradigma de derechos humanos;
reivindica al Estado como garante y sostén del ejercicio de la soberanía popular;
y finalmente, porque sostiene una política (muy sentida para la izquierda latinoamericana sobre todo en países con dictaduras cívico-militares) de memoria, verdad y justicia para los crímenes de lesa humanidad cometidos por esas dictadura.
A partir de este gobierno se reconfiguró fuertemente la vinculación con distintos y activos movimientos y organizaciones sociales y ese vínculo cobró una triple dinámica:
1) Recogió demandas históricas de movimientos sociales y los colocó en el debate público y en la esfera parlamentaria (Ley de derogación de las leyes de impunidad respecto a los responsables de crímenes de lesa Humanidad; Ley de Medios de Comunicación Audiovisual;; Ley de Tierras; Ley de Matrimonio Igualitario; Ley de Violencia contra las Mujeres; Ley de Identidad de Género; Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescencia; Ley de Migraciones, Ley de Salud Mental, Ley de Salud sexual y reproductiva; Ley de movilidad jubilatoria y de moratoria –universalización del sistema previsional- ; Decreto de ampliación de asignaciones familiares y creación de la Asignación Universal por Hijo para a protección social)
2) Todas estas legislaciones y normativas de iniciativa del gobierno kirchnerista (caracterizado como de carácter nacional y popular por su autodenominación y en categoría política un populismo de izquierda) fueron institucionalizadas (en leyes, decretos), algunas crearon nuevas instituciones (como la Defensoría del Público en la Ley de Medios Audiovisuales) y constituyeron nuevas políticas públicas.
3) Abrieron una nueva dinámica de participación social ya que incorporaron a expresiones y referentes de los movimientos sociales y organizaciones populares en espacios de gobierno y porque abrieron canales a nuevos actores políticos y sociales
Actualmente, ya de cara al 2015 nuestro país se encuentra en un período pre-electoral que cobra una particular especificidad ya que será la primera vez en que el kirchnerismo enfrentará un proceso electoral sin que el mismo tenga a Cristina Fernández de Kircher como candidata. El kirchnerismo y su base peronista son hoy la principal fuerza política que estructura el escenario político y este proceso de sucesión a la figura de CFK plantea fuertes escenarios de disputas al interior de la fuerza gobernante (el Frente para la Victoria). Al mismo tiempo hay numerosos espacios (partidos o frentes políticos) y candidatos de oposición con fuertes dificultades para establecer un discurso coherente (al igual que en otros procesos –por caso Brasil recientemente y anteriormente en Venezuela- destacan los logros sociales y de inclusión pero propugnan medidas liberalizadoras en lo económico) ni tampoco pueden establecer liderazgos claros para ejercer dicha oposición. Aparecen distintas candidaturas aún sin capacidad de aglutinamiento del conjunto del arco opositor y con fuertes dificultades para establecer coherencia política. Por caso, el frente conformado por la Unión Cívica Radical (partido legendario) junto al “progresismo” socialista (Frente Amplio UNEN) está tensionado a aliarse con el partido del actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires (su partido es PRO) de clara tendencia neoliberal y políticas públicas de derecha, ya que esta alianza le daría chances electoral pero al mismo tiempo lo desdibuja políticamente. Como dato significativo, en este escenario, es que luego de las últimas elecciones legislativas de 2013 comienza a tener representación parlamentaria y alguna fuerza electoral, un Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) integrado por el Partido Obrero y el PTS.
En términos económicos podría caracterizarse el actual período a nivel económico en la Argentina como un neodesarrollismo keynesiano. José Seone2 ubica a nuesto país- junto a Brasil- como un proyecto neodesarrollista caracterizado por su aspiración a reconstruir la autoridad estatal y su papel en el sostenimiento de ciertas actividades industriales, la búsqueda de una mejor inserción internacional en el marco de la mundialización capitalista y la restitución del monopolio de la política al Estado y las mediaciones partidarias, asegurando las bases de su legitimidad en cierta recuperación del empleo y con una serie de políticas sociales compensatorias de carácter masivo. Los cambios en las políticas públicas desmontaron orientaciones e instrumentos neoliberales al mismo tiempo que aseguraban la continuidad del carácter capitalista de la formación social.
La acción gubernamental se centra en un férreo proceso de estimulación del mercado interno basado en la capacidad de de consumo de la población como motor de la economía y con medidas proteccionistas como principal estrategia contracíclica.
Señalaremos algunas medidas, hechos y proceso que dan cuenta de este nuevo ciclo económico de la Argentina a partir del 2003. En el gobierno de Néstor Kirchner se destaca una etapa de política expansiva del Estado, un importante impulso al incremento de la demanda a través del gasto público en infraestructura, obra pública, etc. Esto permitió una salida importante a la crisis. Un hito central en este momento fue la renegociación de la deuda y los acuerdos con el FMI.
Una segunda etapa del Kirchnerismo se ubica en el gobierno de Cristina Fernández. Lo central en esta etapa fue el enfrentamiento con el agro a partir de la Resolución 125, en donde el sector de sojeros se levanta y suma adherentes, este conflicto se traduce en una derrota del gobierno nacional frene al campo. En un momento en el que estalla la crisis mundial, el gobierno logra sostener 150 mil puestos de trabajo y duplica el gasto público para que la crisis no tuviera graves efectos.. Entre 2005 y 2010 se logran acuerdo de pago de deuda con los acreedores.
Actualmente transitamos un tercer ciclo de kirchnerismo con dificultades económicas. Un hito en este periodo es el acuerdo Repsol/YPF. En este nuevo contexto, cambia el escenario en varios sentidos a partir de la fuga masiva de capitales, la caída de las reservas y la extranjerización de capitales extranjeros (el 70% de las empresas extranjeras remiten divisas al exterior). Nos encontramos en un periodo recesivo leve, consecuencia de las especulaciones de los exportadores, junto a una banca privada y medios de comunicación hegemónicos que favorecen un clima de caos y amenaza de constante subida del dólar.
Un hecho central este año ha sido la negociación con los fondos buitres. Estos fondos no aceptaron entrar en la reestructuración de la deuda con los canjes de 2005 y 2010 para iniciarle un juicio a Argentina. De esa forma pretenden cobrar la totalidad de la deuda que compraron a precios bajos más los intereses. Es más, ni siquiera invirtieron en crecimiento del país, ya que compraron bonos de deuda luego del default de 2001 a los que eran los acreedores de ese momento. Los resultados de la acción política emprendida por la Argentina fueron importantes. Primero adhirieron a nuestra posición los organismos multilaterales latinoamericanos (OEA, Unasur, Celac, Mercosur), en las Naciones Unidas, la Unctad y el Consejo de Derechos Humanos; y se sumaron varios países: en particular, México y Francia se presentaron en el juicio de Nueva York como amicus curiae para respaldar la posición Argentina. El acto político más importante fue la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que decidió por 124 votos contra 11 la elaboración de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana, que se aprobaría en 2015; después vendrían las adhesiones de los países y su puesta en vigencia. Se terminaría así el vacío legislativo que permite a los fondos buitre extorsionar naciones y lograr ganancias fabulosas.
La conjunción de políticas distributivas a nivel social, el aumento del poder adquisitivo de los sectores medios y altos con inserción laboral en sectores productivos y/o de servicios y sobre todo el carácter mono y oligopólico de los mercados de consumo básico (sobre todo alimentarios) hacen que haya un nivel inflacionario que se ha convertido en uno de los principales ejes del debate político, defendido como inherente a los procesos de crecimiento con distribución por parte del gobierno y atacado como incapacidad de los equipos económicos por parte de los sectores opositores.
En términos políticos, nos encontramos en un periodo pre-electoral, camino a la elección presidencial en 2015. En este sentido la coyuntura económica se mezcla con la perspectiva electoral.
A nivel agropecuario se mantiene y consolida el modelo productivo vinculado a los agronegocios que se conjuga con políticas de fomento de la producción a pequeña y mediana escala y el apoyo a la agricultura familiar –y mediante esta- el apoyo a reivindicaciones de organizaciones campesinas e indígenas. Las primeras siguen ocasionando la expansión de la frontera agrícola con altos niveles de conflictividad social y represión (por ejemplo con la comunidad indígena Qôm, de Formosa, en donde interviene el gobierno provincial) y las segundas suscitan el apoyo de las mencionadas organizaciones.
Otra fuente de conflictividad creciente en la que intervienen fuertemente los gobiernos provinciales (en muchos casos aliados al gobierno provincial) tiene que ve con los emprendimientos megamineros en provincias cordilleranas: Andalagá en Catamarca, Famatina en La Rioja y recientemente Hierro Indio en Mendoza, han sido escenarios de fuertes conflictos entre organizaciones sociales, gobiernos locales y empresas de explotación minera.
Por su parte, las problemáticas más duras a nivel económico y social tienen que ve con la persistencia de altos niveles de precarización e informalidad laboral. Al mismo tiempo medidas tales como la AUH (Asignación Universal por Hijo), el Plan PROGRESAR (que consiste, al igual que la AUH en una política de transferencia directa de ingreso monetario, en ese caso a la población entre 18-25 que están ellos o sus familias en situación de precariedad laboral o desocupación y que continúan sus estudios), la ampliación de la cobertura obligatoria como así también la movilidad en los haberes jubilatorios ha tenido un importante impacto en los sectores menos favorecidos ya que mediante transferencia directa de ingresos garantiza ingresos mínimo y consumo en los hogares de menores recursos. Por otra parte, políticas de protección de precios (Programa Precios Cuidados) y fomento del consumo (como Proceauto –para la compra de vehículos 0km, Procrear –para construcción de viviendas-) han buscado contener el alza de precios en productos de primera necesidad y generar movimiento y dinamismo en el consumo.
Por el carácter federal de Argentina, no podemos dejar de señalar que los escenarios políticos provinciales son diferentes y las diferencias de contextos provinciales marcan las posibilidades y limitaciones para la acción pública de organizaciones sociales. En este sentido los diferentes contextos en los que se desarrollan las acciones de las organizaciones que integran la Mesa Nacional Argentina del PMSS, marcan diferencias de posibilidades de acción y de estrategias.
Respecto a las políticas de integración regional, hay una clara definición política de priorización y apuesta por una integración latinoamericanista con fuerte énfasis en que los procesos de integración en curso como MERCOSUR, UNASUR, CELAC estén orientados al fortalecimiento estratégico de América Latina y a posicionamientos autónomos respecto fundamentalmente a la política exterior de EEUU. También se persigue que estos procesos regionales fortalezcan los gobiernos surgidos en la Región de corte popular (desde los años 2000) frente a avanzadas desastabilizadoras y/o destituyentes en los distintos países. Cabe destacar los procesos desestabilizadores en Bolivia (2008), Ecuador (2010) y Paraguay (2009-2010) Sin embargo, estos avances en lo político, al mismo tiempo contrastan en el plano económico fundamentalmente con fuertes conflictos diplomáticos y comerciales que se producen en la Región, por las medidas proteccionistas que los gobiernos argentino y brasileño adoptan como parte de sus políticas contracíclicas en el marco de la crisis mundial. Y aún no son claramente visibles o efectivas las políticas de integración en otros niveles como pueden ser a nivel energético, productivo, financiero. En estos días y a propósito de la Cumbre de Presidentes UNASUR y la inauguración de la sede de ésta en Quito, Ecuador, han vuelto a revitalizarse (al menos en la agenda) temas de integración muy importantes a nivel económico, como la iniciativa del Banco del Sur.
Desde el punto de vista de la participación social en los procesos de integración, estos siguen siendo débiles en el sentido que están muy supeditados a los modos de relación de cada cancillería con las organizaciones de la sociedad civil de sus países, careciéndose al mismo tiempo de ámbitos regionales más fuertes de canalización de esta participación.
Quisiéramos finalmente dejar planteados algunas Tensiones/Desafíos en particular para la acción de MMyOS, donde nos ubicamos:
El gobierno busca conservar el poder del Estado (para profundizar los transformaciones y/o inaugurar otras etapas) y para ello se ve tensionado entre la estructura partidaria tradicional a nivel político y al mismo tiempo, busca incorporar referentes de los movimientos sociales
Lo anterior coloca el desafío a los movimientos y organizaciones sociales de tener que conjugar su acción movimientista en la arena de la acumulación de fuerza política y de jugar en el terreno electoral
Al mismo tiempo tensiona la autonomía del movimiento e incrementa el temor a la pérdida de identidad.
Coloca la necesidad de debatir al interior de los movimientos sociales los modos de constitución de fuerzas sociales y de disputa en el terreno electoral
Consideramos que el desafío principal en nuestro país, será sostener un modelo de inclusión social en un contexto en el que la pugna por la distribución de la riqueza es fuerte y avanzar en la construcción de alternativas al modelo extractivisa-exportador. Esto en un escenario en donde América Latina parece ser la única región en la que es posible construir un discurso diferente al neoliberalismo.
Informe Elaborado por Coordinación Nacional Mesa Argentina-PMSS- FEC1
Conforman la Mesa Argentina: Nueva Tierra, Acción Educativa, Canoa, INDESO, INCUPO y FEC.
