Ante la II Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE)
Las organizaciones firmantes, representativas de ONG, movimientos sociales, asociaciones, plataformas y redes de la sociedad civil latinoamericana, caribeña y europea, en el marco de los procesos globales que están definiendo la nueva agenda de desarrollo1 y ante la II Cumbre CELAC- UE, que tendrá lugar en junio del 2015 en Bruselas y:
Considerando,
- Que ambas regiones viven procesos de incremento de la desigualdad y concentración de la riqueza , producto de un modelo de desarrollo neoliberal, depredador de los bienes naturales, mercantilizador de los bienes públicos y asentado sobre una creciente precarización y flexibilización de las condiciones laborales, generadora de una creciente exclusión social. América Latina y el Caribe, a pesar de los avances observados en algunos países, sigue siendo la primera región más desigual del mundo2. En Europa, la crisis iniciada en 2008 ha aumentado los niveles de desigualdad y está lejos de concluir.
- Que todo ello genera un desigual acceso al poder y a los recursos, que está en el origen de las situaciones de discriminación que persisten en nuestras sociedades como son, con carácter protagónico la desigualdad de género, pero también aquellas por razón de orientación sexual, origen étnico, régimen migratorio, religión, edad o discapacidad.
- Que la especulación financiera, los flujos ilícitos, los paraísos fiscales, el extractivismo, el acaparamiento de tierras, los altos índices de corrupción pública y privada, la captura del Estado por intereses empresariales y el crimen organizado, los planes de ajuste y austeridad, la excesiva protección de la inversión hasta con mecanismos supranacionales, entre otras condiciones, vulneran los derechos y el bienestar de los diversos pueblos de la UE y de la CELAC. Una alimentación soberana, la educación, la salud, un trabajo digno, la protección social y la vivienda, así como un ambiente sano, entre otros, constituyen derechos humanos amenazados tanto por la pérdida de recursos públicos a favor de la inversión, como por el cada vez menor margen para la actuación de políticas públicas orientadas al bienestar general.
- Que los Tratados de Libre Comercio (TLC), han favorecido los intereses de las empresas transnacionales en detrimento de los derechos de las personas trabajadoras y de los pueblos, generado aún más desempleo y exclusión social. Asimismo, las ayudas al sistema financiero en la UE no se reflejan en beneficios para los pueblos de esa región.
- Que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recogiendo las demandas históricas de los pueblos afirma en su resolución del 26 de junio del 2014, que “las empresas transnacionales y otras empresas tienen la capacidad (…) de provocar repercusiones negativas para los derechos humanos…”.
- Que aunque en diversos espacios multilaterales de posicionamiento o toma de decisiones entre jefes y jefas de Estado del mundo, se ha ido reconociendo progresivamente la participación ciudadana como un factor clave para avanzar en la vida democrática de los países, sorprende que en muchas declaraciones aparezcan pocas o nulas referencias al rol de la sociedad civil y a mecanismos significativos, efectivos e inclusivos que le faciliten cumplir con su papel.
- Que, los flujos de migración forzada en ambos sentidos son también consecuencia del mismo modelo de desarrollo y se desenvuelven en una realidad de exclusión, persecución y criminalización que niega derechos a la población migrante.
- Que la sociedad civil tiene derecho a la participación a través de mecanismos que garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos en su dimensión individual y colectiva, la equidad de género y el reconocimiento de la diversidad, así como en políticas de sustentabilidad.
- Que es deber del Estado asegurar políticas que generen un ambiente propicio y un entorno favorable para garantizar el papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) como actores políticos en los ámbitos local, nacional e internacional.
Por todo ello, demandamos a la Cumbre UE-CELAC de Bruselas:
Para construir sociedades que favorezcan la igualdad socio económica y la sostenibilidad ambiental
10. Las relaciones bi-regionales deben de estar basadas en el principio de coherencia de políticas para el desarrollo y en el respeto de la autonomía de los pueblos; la UE debe implementar sus compromisos vinculantes para asegurar que sus políticas internas y externas – comerciales, energéticas, etc. – sean coherentes con sus objetivos de desarrollo y tengan como fin la erradicación de la pobreza. Y la CELAC debe avanzar correlativamente en estos compromisos en el contexto de los ODS.
11. Implementar políticas públicas que garanticen la protección social universal y solidaria, de modo que los derechos humanos sean los elementos que definan y den forma al orden social y económico
12. Aplicar políticas migratorias sobre la base del respeto irrestricto a los derechos humanos, desterrando la criminalización de la movilidad humana, creando condiciones para facilitar la migración, y mecanismos que permitan la participación plena de los y las migrantes en la construcción de la sociedad.
13. Concretizar el diálogo birregional sobre igualdad y equidad de género en políticas y presupuestos públicos que garanticen los derechos humanos de las mujeres, incluidos los derechos sexuales y reproductivos que aseguren su autonomía física, sexual y económica, el acceso a una justicia efectiva, y erradiquen todas las formas de violencia hacia las mujeres y niñas, incluyendo el feminicidio y la trata. Asimismo, implementar, sistemas de monitoreo, mecanismos de participación de organizaciones de mujeres, de rendición de cuentas, para el cumplimiento de los compromisos internacionales sobre igualdad de género.
14. Reemplazar el actual modelo de producción por uno que establezca políticas y medidas regulatorias que aseguren la generación de trabajo decente que incorporen la economía de los cuidados en las políticas públicas.
15. Promover en ambas regiones, un proceso de auditoría del endeudamiento público con participación de la sociedad civil a fin de rechazar la deuda ilegítima, garantizando una economía al servicio de las personas; renegociar sus términos y condiciones, así como suspender los pagos hasta la conclusión de la misma.
16. Instaurar un impuesto a las transacciones financieras internacionales, que inhiba la especulación y cuya recaudación se oriente a la promoción del desarrollo sostenible y a reducir las enormes brechas económicas existentes. En el marco del respeto de los derechos de la naturaleza, la democratización del acceso a los bienes naturales, garantizar la restitución de los sistemas ecológicos.
17. Establecer políticas fiscales audaces, justas y progresivas que posibiliten una verdadera redistribución de la renta, así como una cooperación fiscal internacional que haga frente a los flujos financieros ilícitos, al blanqueo de dinero, la elusión y evasión tributaria; y erradique de forma definitiva los paraísos fiscales. Que las multinacionales paguen impuestos en las jurisdicciones en las que obtienen sus ganancias. Asimismo, separar de forma clara e inmediata la banca de inversión y la de ahorro.
Para favorecer una relación que impulse los derechos humanos y el bienestar
18. Denunciar los acuerdos de cualquier denominación (como TLC, AdA, TBI, etc.) con contenido de libre comercio y protección de inversiones; y detener las negociaciones en curso – como TTIP, TISA en el marco de la integración y la cooperación birregional. Las relaciones económicas de ambas regiones no deben estar sustentadas en el libre comercio y la protección de inversiones. Judicializar y sancionar a las corporaciones transnacionales y sus beneficiarios reales con prácticas especulativas, de elusión tributaria y cualquier otro mecanismo de corrupción y saqueo de los recursos públicos.
19. Apoyar la creación de un instrumento jurídico vinculante que regule las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos. Los países miembros de la Unión Europea deben participar en el Grupo de Trabajo3 de Naciones Unidas para tal efecto sin condicionalidades. Apoyar la implementación de un proceso obligatorio de debida dilgencia. Descartar además el mecanismo inversionista- Estado del CIADI, UNCITRAL, entre otros.
20. Preservar para los Estados la prestación de servicios y obras públicas que por su naturaleza están contrapuestos al interés de lucro empresarial y que tienen una función social y de bienestar general , descartando los esquemas de asociación público-privados y otras formas de privatización de la responsabilidad estatal.
21. Superar el extractivismo en la orientación de la gran inversión y pasar a esquemas de diversificación productiva respetando los derechos de la naturaleza y teniendo en cuenta los graves impactos del cambio climático en los derechos de las personas y de los pueblos. No incentivar políticas que afecten el uso de recursos naturales sin el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y las comunidades involucradas. Reconocer y legitimar las luchas indígenas en resistencia para el respeto de su autonomía y sus derechos.
22. Asegurar que la reducción de emisiones se dé de conformidad al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, en base a sus capacidades nacionales de los países. Que las mismas se hagan dentro de sus propios territorios. Y que los compromisos de financiación climática sean adicionales a la AOD. Así mismo, de cara a la Conferencia Internacional de Addis Abeba, garantizar y asegurar mecanismos suficientes de financiación para el desarrollo, que reafirmen el rol central del financiamiento público.
23. Incorporar en las políticas alimentarias y agrarias de ambas regiones el concepto de soberanía alimentaria con enfoque de derechos humanos de modo que no genere impactos negativos en ninguno de sus pueblos; armonizándolas con los objetivos de desarrollo sostenible.
Para promover la democracia y participación ciudadana
24. Instar a los gobiernos a que tomen todas las medidas que favorezcan la paz y de demandar la erradicación de enfoques y prácticas políticas y discursivas reñidas con el respeto a la autodeterminación de los pueblos sobre su devenir político y su territorio (como por ejemplo, en los casos de Haití, Venezuela y Argentina).4 En ese sentido apoyamos la resistencia del pueblo de Grecia frente a la imposición de medidas económicas de austeridad que lo somete a una condición de mayor precariedad y pobreza.
25. Mejorar e impulsar mecanismos efectivos que aseguren la oportunidad de todas las personas de participar en el diseño, implementación y evaluación social de políticas públicas y programas desde el nivel local, nacional e internacional, respetando la autonomía de la sociedad civil.
26. Establecer medidas políticas y financieras que contribuyan a reconocer y fortalecer las capacidades de las y los ciudadanos, organizaciones y/o comunidades para reclamar y ejercer sus derechos y exigir que las instancias públicas rindan cuentas promoviendo nuevos mecanismos de auditoria social; desarrollar programas de educación para la democracia y la ciudadanía.
27. Garantizar el rol social de los medios de comunicación como promotores de pensam iento crítico y pluralismo democrático en el marco de las recomendaciones de la UNESCO.
28 Fortalecer y revitalizar la institucionalidad democrática en ambas regiones y establecer espacios de interlocución eficaces e inclusivos entre las OSC y las autoridades de ambos continentes, en el marco del diálogo político nacional y bi-regional, incluyendo mecanismos de evaluación de los impactos en las decisiones políticas y maximizando las oportunidades de participación de las OSC existentes como por ejemplo las hojas de ruta de dialogo político multi-actores de la UE.
29. Impulsar una circulación más ágil, completa y transparente de información sobre las relaciones y acuerdos entre la UE y la CELAC para sustentar las propuestas de la sociedad civil.
30. Hacer una denuncia rotunda y promover medidas concretas de parte de las autoridades de la UE y de la CELAC rechazando todas las formas de atropellos a la libertad de expresión y de acción no violenta de las OSC (intimidaciones, judicialización, represión, etc.) y garantizar medidas efectivas de protección para las y los defensores de los derechos humanos.
31. Otorgar apoyo político y financiero a todas las formas de democracia impulsadas por las OSC de ambos continentes, especialmente para que escuchen las voces de los sectores más pobres y marginados, como nuevos mecanismos de auditoria social.
32. Promover la construcción de alianzas y dinámicas comunes entre actores de la sociedad civil de la UE y de la CELAC para favorecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materias de participación ciudadana y de promoción de los derechos humanos.
33. Combatir toda forma de discriminación incluyendo las que limitan toda forma de participación democrática.
Los abajo firmantes se comprometen a seguir impulsando la solidaridad entre los pueblos europeos, latinoamericanos y caribeños para afrontar problemas comunes.
Bruselas, 11 Mayo del 2015
CONCORD (Confederación Europea de ONGs de Emergencia y Desarrollo), cuyos miembros son:
Plataformas nacionales de ONGs:
Austria (Globale Verantwortung),
Bélgica (Plataforma Belga de CONCORD – CNCD – ACODEV – NGO-FEDERATIE)
Bulgaria (BPID),
Republica Checa (FoRS),
Chipre (CYINDEP),
Croacia (CROSOL)
Dinamarca (CONCORD Dinamarca),
Estonia (AKÜ),
Finlandia (Kehys ry),
Francia (Coordination SUD),
Alemania (VENRO)
Grecia (Hellenic Platform For Development),
Hungría (HAND),
Irlanda (Dóchas),
Italia (CONCORD Italia),
Latvia (Lapas),
Lituania (LU),
Luxemburgo (Cercle),
Malta (SKOP),
Países Bajos (Partos),
Polonia (Grupa Zagranica),
Romania (FOND),
Portugal (Plataforma ONGD),
Eslovaquia (MVRO),
Eslovenia (SLOGA),
España (Coordinadora),
Suecia (CONCORD Sverige),
Reino Unido (BOND). Redes:
ActionAid International,
ADRA,
ALDA (miembro asociativo)
ACT Alliance EU,
CARE,
Caritas Europa,
CBM International,
CIDSE,
EU-CORD,
Handicap International,
IPPF European Network,
Islamic Relief Worldwide,
Oxfam International,
Plan Europa,
Save the Children,
Solidar,
SOS Children’s Villages International
F.I. Terre des Hommes,
WorldVision,
World Wide Fund for Nature (miembro associativo)
MESA de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de América Latina y El Caribe, cuyos miembros son:
ABONG- Asociación Brasileña de Organismos No Gubernamentales.
ACCIÓN- Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales.
ALOP- Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo.
ALIANZA ONG – Republica Dominicana
ANC- Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo, Perú.
ANONG- Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo, Uruguay.
AFM – Articulación Feminista Marcosur.
ADOC- Alianza Democrática de Organizaciones Civiles, México.
ASONOG – Asociación de Organismos no Gubernamentales Honduras.
CEAAL- Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe.
CCONG Confederación Colombiana de Organizaciones No Gubernamentales.
Convergencia de Organismos Civiles, México.
COONGCOP- Coordinación de ONG y Cooperativas Guatemala.
Encuentro de ONG para el desarollo, Argentina.
FONG – Federación de Organismos no Gubernamentales de Nicaragua.
Latindadd- Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos.
MODES – Movimiento de ONGD para el Desarrollo Solidario de El Salvador.
PIDHDD- Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
Pojoaju- Asociación de Organismos No Gubernamentales de Paraguay.
Propuesta Ciudadana, Perú.
Sinergia, Venezuela.
UNITAS- Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social Bolivia
Otros firmantes:
CIFCA – Iniciative para Copenhague para Centroamérica y México.
Grupo Sur – Red Europea de Incidencia UE- América Latina y Caribe.
