El Programa Mercosur Social y Solidario (PMSS), integrado por 16 organizaciones de 5 países de la región, 
repudia y condena la decisión de una mayoría de integrantes de la Cámara de Diputados de Brasil, de admitir, este domingo 17 de abril, el inicio de un juicio político a la presidenta de dicho país, Dilma Rousseff.
Para la comisión de violaciones de la Constitución y la legislación brasileñas actos de corrupción u otros delitos, como crimen de responsabilidad, son los únicos argumentos admisibles para iniciar un proceso de juicio político; sin embargo, ninguna acusación penal ha sido presentada contra ella ante la Justicia. Y la Comisión Especial inicialmente conformada en la Cámara de Diputados para analizar los fundamentos para el inicio de un juicio político, no encontró elementos que indiquen que Rousseff haya cometido un acto de corrupción u otro delito. En estas condiciones, la figura constitucional del juicio político está siendo utilizada en forma ilegal, al no aplicarse en base a principios jurídicos y de debido proceso.
De esta forma, este proceso destituyente viola la expresión mayoritaria del pueblo brasileño que eligió como presidenta a Rousseff, y por tanto queda claro que estamos asistiendo no solamente a un quiebre de la institucionalidad y sistema democráticos, sino también a la ejecución de un golpe de Estado.
Es fundamental tener presente que bajo la gestión de Rousseff -y dando continuidad a la gestión de Lula Da Silva- se han dado importantes avances respecto a reducción de la pobreza, a la implementación de políticas sociales y al acceso a derechos humanos a favor de los sectores más desfavorecidos de la población brasileña. Por supuesto aún queda mucho por hacer, pero son claros el mejoramiento de los indicadores de calidad de vida y la constatación de estos avances durante los mandatos de Lula y Rousseff. En tal sentido, no solamente nos preocupa de sobremanera el incumplimiento de requisitos legales para utilizar la figura del juicio político, sino que, de darse una destitución de la actual presidenta, se instaure un modelo contrario a estos avances y que no priorice la continuidad de políticas sociales, con un enfoque de derechos y el proceso democrático basado en la soberanía popular ejercida por sufragio universal.
Aguardamos que la Cámara de Senadores actúe en base a preceptos constitucionales y legales, y por tanto deje sin efecto el inicio del juicio político a Dilma Rousseff. Y finalmente, hacemos un llamado a las organizaciones sociales y de derechos humanos de la región a expresarse en defensa del sistema democrático en Brasil, en vista de lo que pareciera ser, desde los últimos años, el avance de esta ilegal práctica destituyente en nuestro continente.
20 de abril de 2016
Organizaciones firmantes:
Argentina: Acción Educativa Santa Fe (AE); Asociación Ecuménica de Cuyo
(FEC); CANOA Hábitad Popular; Centro Nueva Tierra; Instituto de
Cultura Popular (INCUPO); Instituto de Estudios Jurídicos-Sociales de la Mujer (INDESO-Mujer).
Brasil: Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural (ASSESOAR); Centro de Ação Comunitária (CEDAC); Centro Ação Cultural (CENTRAC).
Chile: ECO Educación y Comunicaciones; Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes (SEDEJ)
Paraguay: Centro de Documentación y Estudios (CDE); Decidamos, Campaña por la Expresión Ciudadana; Servicio Ecuménico de Promoción Alternativa (SEPA)
Uruguay: Centro Cooperativista Uruguayo (CCU); Centro de Participación Popular (CPP)
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