Análisis de coyuntura política chilena 2013-2014, Mario Garcés D., Doctor en Historia, Director de ECO, Educación y Comunicaciones
2013: Un año electoral
El año 2013, recién pasado fue un “año electoral” en Chile. Se eligió, presidente de la República (1era vuelta en noviembre; segunda vuelta en diciembre) y se renovó el total de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. Y como suele ocurrir en Chile, la campaña, sobre todo presidencial, marcó la agenda política. El primer dato fuerte, desde el punto de vista de la competencia electoral propiamente tal, fue el favoritismo de Michelle Bachelet, la que si bien ganó en segunda vuelta, fue elegida presidenta chilena para el período 2014-2018. El favoritismo de Bachelet tenía al menos dos componentes fundamentales, por una parte, un liderazgo carismático, un buen desempeño “personal” en su gobierno anterior y la crisis del sistema de partidos, y en particular de su vieja alianza política, la Concertación de Partidos por la Democracia (que finalmente fue semi-enterrada y reemplazada por la una nueva alianza, que incluye al Partido Comunista y que se denomina “La Nueva Mayoría”); y, por otra parte, el excelente resultado obtenido en las “elecciones primarias” realizadas en junio de 2013 (ganó con el 73% de los votos de su coalición y triplicó la votación de sus oponentes de la derecha).
Si por una parte, el fenómeno Bachelet llama la atención con relación a las tradiciones políticas chilenas, donde pesan los partidos políticos, el segundo dato fuerte de la campaña de 2013, fue que Bachelet creció tomando las banderas que levantaron los diversos movimientos sociales en el 2011. Tal vez, no podía ser de otro modo, ya que las demandas especialmente de los estudiantes, pero más ampliamente de los movimientos sociales territoriales, ecologistas y de las minorías sexuales organizaron la “agenda política” de la campaña electoral. Un gran logro de la acción colectiva del período 2011-2013. En este contexto, Bachelet estructuró su campaña en torno a tres promesas: educación gratuita y de calidad, gradualmente; reforma tributaria para financiar los cambios en la educación y otras políticas sociales; y, reforma a la Constitución Política del Estado (que eventualmente podría considerar una Asamblea Constituyente). Sin lugar a dudas, una agenda de esta naturaleza era completamenteimpensable antes del movimiento estudiantil del 2011 que provocó un alto impacto en la sociedad chilena, interrogando un área sensible del modelo neoliberal hegemónico. Con todo, la principal paradoja de la coyuntura política del 2013, es que habiendo los estudiantes influido de modo tan significativo en configurar la actual agenda político electoral no son un actor socio político constituido.
En efecto, los estudiantes tendieron el 2012 a perder protagonismo frente a un Estado refractario al cambio, contexto en el cual un segmento del movimiento, en particular de su sector dirigente, optó por ingresar al sistema político a través de la presentación de candidatos a diputados, en los partidos tradicionales (Camila Vallejos, por ejemplo en el Partido Comunista) o creando nuevos partidos (Giorgio Jackson creó el Partido Revolución Democrática). Esta opción estudiantil puede ser leída de distintas maneras, por ejemplo, como la única alternativa posible en las condiciones políticas chilenas, pero también en sentido inverso, como un ”punto de fuga hacia adelante”: cambiar el sistema por dentro, distanciándose inevitablemente del movimiento social estudiantil (ya que no es el movimiento el que se proyecta políticamente, sino su “representación partidaria”). El efecto de este proceso es un relativo distanciamiento de los otrora dirigentes estudiantiles de sus propias bases estudiantiles, y una relativa desconfianza de la propia Bachelet con relación al apoyo electoral de los jóvenes. Y, en efecto, los jovenes no se pronunciaron mayoritariamente a favor de Bachelet ya que si bien Bachelet gano holgada y legítimamente en segunda vuelta, la abstención electoral alcanzó al 60% del electorado.
En ese sentido, más allá de los logros de Bachelet no se puede desconocer que Chile vive una profunda crisis de legitimidad de su sistema político y quienes más han hecho manifiesto su rechazo y desconfianza a éste, son los jóvenes, pero también los mapuche y los movimientos territoriales y ambientalistas, que están cuestionando la gobernabilidad neoliberal y haciendo surgir nuevos actores locales y regionales. En el caso de los estudiantes, la experiencia de constituirse en “movimiento social” es relativamente reciente y los aprendizajes políticos –todo indica- que toman tiempo. Un relativo apresuramiento por ingresar al sistema político puede tener sus costos con relación al fortalecimiento del propio movimiento que muy probablemente tendrá que reiniciar el camino, observando críticamente a Bachelet en el gobierno o constituyéndose en corto o mediano plazo, en “movimiento opositor” a Bachelet.
Si por una parte, se pueden reconocer debilidades o tensiones no bien resueltas en los propios movimientos sociales -como es el caso de los estudiantes- el “bacheletismo” es un fenómeno complejo,particularmente por su amplias zonas de ambigüedad, por ejemplo, con relación a la reforma política, no se pronuncia explícitamente por una Asamblea Constituyente; parte importante de su equipo es partidario de la continuidad neoliberal; y en el campo ambiental, se defiende, pero se vacila sobre las medidas que protejan la naturaleza y atiendan las demandas de los movimientos ambientalistas y territoriales.
La conmemoración de los 40 Años del golpe de Estado
El año 2013 se cumplieron 40 años del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, que derrocó al presidente Allende, puso fin al proyecto de la Unidad Popular de transitar por vía pacífica al socialismo e inició la mayor operación represiva y de violación sistemática de los DDHH, con sobre 40 mil víctimas (4 mil detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y 36 mil torturados y prisioneros políticos); un masivo exilio de unos 400 mil chilenos y un desempleo del orden del 20% por año en largos períodos, durante los 17 años de dictadura. La sociedad fue trasformada en esta etapa, tanto en el campo económico (aplicación radical del modelo neoliberal, des-industrializador y fundado en las “ventajas comparativas” y la apertura al comercio exterior) como en su estructura social (desigualdad estructural, crecimiento del trabajo informal y pauperización y emergencia de nuevas clases medias) y en el aparato del Estado (disminución de su tamaño, privatización de servicios, principio de subsidiaridad para atender los problemas sociales y una Constitución autoritaria de sesgos oligárquicos).
Como resulta evidente para cualquier observador externo, no es poco lo que pasó en Chile en su historia reciente y su mayor impacto sobre el presente se relaciona con lo que podemos denominar la “herencia de la dictadura”. Herencia económica (modelo neoliberal), herencia social (desigualdad estructural), herencia política (estado mínimo y elitización de la política). Habría que agregar, herencia cultural, una de cuyas expresiones más visibles son las cuestiones relativas a la memoria. La memoria no solo como recuerdo, sino como huella, marca, negación, en una palabra, como un “pasado no resuelto”, con evidentes déficits de verdad, de justicia y legitimidad de las instituciones políticas.
En Chile, los debates y disputas en torno a la memoria son muy expresivos de la división de la sociedad con relación a la manera que lee y otorga significado a su pasado reciente, en especial, la dictadura militar, que se extendió por 17 años, entre 1973 y 1990. Los déficit de verdad y justicia son fundamentales para los efectos de las disputas en el espacio público. Las conmemoraciones, en este sentido, y en particular, en 2013, cuando se cumplieron 40 años del golpe, abrieronespacios para diversos debates, por ejemplo con relación a los detenidos desaparecidos, cuyo destino aún se desconoce, pero también nuevos testimonios, memorias y producciones audiovisuales van, poco a poco, informando a la sociedad en torno a la magnitud de la violación de los Derechos Humanos. Esto que puede sorprender a un observador externo, no lo es tanto para un chileno medio, ya que durante todo el período de dictadura la violación de los DDHH fue negada oficialmente y en el proceso de transición –al menos los primeros 8 años, con Pinochet en la Comandancia en Jefe del Ejército- los tribunales de justicia o no investigaban o solo iniciaban las indagaciones y aplicaban una ley de Amnistía promulgada por la propia dictadura en 1978. De este modo, los tribunales chilenos solo comenzaron a indagar de modo más sistemático y dejaron de aplicar la Ley de Amnistía a partir de la detención de Pinochet en Londres, en 1997. Durante toda esta primera etapa de la transición, como indicó el presidente Aylwin, se buscó hacer justicia “en la medida de lo posible”.
Pero, junto a los déficits de verdad y justicia con relación a la violación de los DHHH, un segundo frente de conflictos son las disputas interpretativas con relación al pasado reciente. Una disputa que no es un asunto de “historiadores profesionales”, sino que divide a la sociedad con relación al significado de la Unidad Popular y el golpe de Estado, pero también con relación a la legitimidad de las instituciones y del propio Estado que se modificó en el contexto de la dictadura. En Chile, neoliberalismo y represión son dos procesos que se retroalimentaron para transformar la sociedad y generar en el mediano plazo una sociedad con un Estado mínimo, un mercado omnipresente y una democracia imperfecta, elitista y organizada de modo de impedir la expresión de las minorías. Pero, además que bloquea las reformas políticas que pudieran devolver al Estado un rol social más activo y más democrático. Solo un dato grueso ilustra lo anterior: en Chile el gasto social es importante con relación al gasto total del Estado, pero no se organiza para garantizar derechos, sino para subsidiar a los pobres.
Los debates interpretativos que como hemos planteado, son también debates en torno a la legitimidad de las instituciones, informan la memoria chilena en tal grado, que ésta termina siendo un asunto político de la primera importancia. En este contexto, la conmemoración de los 40 años del golpe abrió variados debates, pero tal vez uno de ellos muy significativo se relacionó con la idea de separar “golpe de estado” de “dictadura”. Se ha sostenido en los medios de comunicación que el golpe fue necesario, no así la prolongada dictadura que violó de modo sistemático los Derechos Humanos. Es un paso que valida sobre todo al centro político –la Democracia Cristina- que promovió el golpe de estado. Pero esta fisura en los discursos oficiales es muy interesante porque ha insinuado un segundo debate, que hasta ahora se formulasolo como pregunta: ¿Era inevitable el golpe de Estado? En verdad, este segundo frente es tanto más interesante, ya que todas las lecturas oficiales hasta ahora han tendido a naturalizar la idea de que el golpe era inevitable, y que la “polarización social” (de la que culpa especialmente a la izquierda) fue la responsable de un clima de intolerancia que nos puso al borde la una “guerra civil” que los militares evitaron poniendo fin al gobierno de la Unidad Popular.
En el fondo, el correlato político de los debates interpretativos apuntan básicamente a la necesidad de realizar una “reforma política” (o una Asamblea Constituyente) que recree las bases del ordenamiento democrático (tal vez, una ”segunda transición”, ahora sin Pinochet de Comandante en Jefe del Ejército). Esta propuesta es la más débil en el Programa de gobierno de Bachelet y de ponerse en práctica será un tipo de iniciativas muy resistida por la derecha política chilena. Sin embargo, la memoria está caminando más rápido que la reforma política, lo que constituye un dato fundamental, ya que en cierto modo el cambio político necesita estar precedido del cambio cultural. Las diversas fisuras que se han venido generando en el discurso oficial y hegemónico de la memoria, auguran los cambios políticos más interesante, que tal vez se configuren en el tiempo venidero.
2014: El estreno del nuevo gobierno y el debate sobre las reformas
Bachelet volvió a la Moneda, el 11 de marzo de 2014, para iniciar un segundo mandato presidencial con un equipo de ministros y colaboradores bastante renovado con relación a su primer gobierno y con la participación, muy moderada por cierto, de representantes del Partido Comunista. Más allá de un conjunto de medidas de corto plazo, lo medular de la propuesta de gobierno son las reformas anunciadas en la campaña: reforma educativa, reforma tributaria y reforma política (cambios relevantes a la Constitución Política del Estado).
Se eligió iniciar la gestión de gobierno con la propuesta al Parlamento de la reforma tributaria y un poco “a goteo”, con proyectos que darían inicio a la reforma educativa. De la reforma política, es decir a la Constitución, se anunció que será tema del segundo año de gobierno.
La reforma tributaria acaba de ser promulgada a fines de septiembre de 2014, luego de una larga tramitación en el parlamento bicameral chileno, espacios en que el gobierno buscó el consenso con la oposición de derecha. Una reforma que incrementará gradualmente losrecursos del Estado y que debiera atender un conjunto de problemas sociales, en particular la reforma al sistema educacional.
En el campo de la reforma educativa, ha habido menor claridad en el gobierno acerca de los cambios que se deben realizar y que comprometen al conjunto del sistema educativo, desde la educación primaria hasta la universitaria. Hasta ahora, las primeras iniciativas buscan modificar el sistema de financiamiento de la educación primaria y secundaria (ente otros, fin al lucro con recursos públicos y fin a la “selección” de los estudiantes en colegios subsidiados por el Estado, práctica que ha reforzado fuertemente la segregación social). Estas propuestas han sido fuertemente resistidas por la derecha política, que ve amenazado el “negocio” de la educación y para tales efectos ha generado movimientos de “apoderados” que han salido a las calles a defender la “liberad de la educación”. Para el campo universitario, prácticamente no hay aún propuestas de reformas sustantivas, salvo la eliminación de un decreto de la dictadura, aún vigente, que prohíbe la participación de los estudiantes en el gobierno universitario.
El gobierno nacional, en realidad, hasta ahora, ha enfrentado tres tipos de problemas en sus iniciativas reformistas:
a) Una oposición de derecha, que controla prácticamente el conjunto de los medios de comunicación y que defiende sus privilegios y visiones conservadoras de la sociedad y de la educación como un “bien de consumo” y un “negocio lucrativo” más que como un “derecho social”;
b) Una dificultad estructural de la alianza de gobierno para crear espacios de participación social y establecer compromisos de cambio con los movimientos sociales;
c) Una cierta debilidad técnica y política del gobierno, para tomar la iniciativa y desplegar una estrategia coherente de cambios sociales y políticos, debilidad que alimenta debates y fisuras al interior de la propia alianza de gobierno.
El resultado de estas dificultades y limitaciones es que el gobierno se lo percibe con manifiestas ambigüedades, más preocupado de la crítica de la derecha y de los medios de comunicación afines a ella que de la opinión pública; y si bien hay avances, éstos son siempre graduales y de alcances limitados.
Los movimientos sociales, por su parte, han tendido a ceder la iniciativa al gobierno, morigerando su presencia en el espacio público, lo que refuerza la percepción de distanciamiento de la política de la sociedad. La situación de los movimientos sociales es tal vez la más difícil de seguir, por cuanto sus debates no interesan ni alcanzan a losmedios de comunicación, salvo que se expresen como “movilizaciones sociales” o amenacen el “orden público”. Los movimientos solo se pueden seguir a través de quienes se constituyen en redes, ya sea en las denominadas “redes sociales” pero más significativamente en los colectivos y asociaciones sectoriales (de estudiantes, de trabajadores, de pobladores, de habitantes de un territorio en conflicto, etc.).
En este último sentido, la relativa ausencia de los movimientos sociales en los medios de comunicación y en el espacio público no significa que éstos no existan ni desarrollen sus propias dinámicas de asociación y de deliberación autónoma. Son muy diversas y heterogéneas las iniciativas de las organizaciones sociales y los movimientos sociales, entre los estudiantes y profesores, los mapuche, las “asambleas” territoriales y asociaciones de trabajadores, los sitios y activistas de la memoria, los grupos artísticos y culturales de jóvenes, los radialistas y los comunicadores de base.
Hasta ahora, muchos datos nos indican que la tendencia será la convivencia de dos dinámicas, que poco dialogan entre sí: la de un gobierno que propicia reformas con extrema cautela y gradualidad y la de las organizaciones y movimientos sociales, que nacen en la sociedad civil, y que requieren de su propio “tiempo” social, político y cultural para deliberar sobre sus propuestas de cambio.
Santiago de Chile, octubre de 2014
