Es una de las conclusiones de la sistematización de experiencias colectivas que se presentó el miércoles pasado en la Asociación Ecuménica de Cuyo, en el marco de la actividad “Organización y Acción contra la Criminalización de la Juventud”. Advierten que los proyectos y políticas de baja en la edad de punibilidad profundizan la inseguridad.
Fotos: Coco Yañez
Fuente: elotro
Durante cuatro jornadas en suelo mendocino, un numeroso y variado grupo de jóvenes discutió y reflexionó en base a la sistematización de experiencias de organizaciones de Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay, que resisten y actúan contra la estigmatización y represión sobre las y los jóvenes.
El trabajo hace foco en la tarea de organizaciones juveniles de los distintos países que conforman el Mercosur: “1811 Independencia Juvenil” (Asunción, Paraguay); “Marcha de la Gorra” (Córdoba, Argentina); “Colectivo Makanaki” y “Pikete Informativo” (Santiago, Chile); “Frente Todxs contra a Redução!” (Campina Grande, Brasil) y “No a la baja” (Uruguay).
Los datos analizados en este intercambio de vivencias concluyen que la criminalización de la juventud se ha profundizado en los últimos años a partir de decisiones políticas que, fundadas en la “inseguridad ciudadana”, son replicadas por “parte de la sociedad civil (sectores acomodados principalmente, aunque también una creciente clase media aspiracional), amplificadas por los grandes medios, y coreadas por amplios sectores empresariales”.
Según las organizaciones, esta simplificación conceptual que privilegia la represión, la severidad de las penas y el uso de la fuerza, profundiza el problema que supuestamente intenta corregir: “el aumento en los niveles de violencia letal, el fortalecimiento de redes criminales, el congestionamiento de sistemas carcelarios —ya sobrecargados—, la violación de los derechos humanos —particularmente en contra de jóvenes y menores de edad— y el abuso de autoridad”, son ejemplos del errado conjunto de medidas políticas.
Sin embargo, la discusión sobrepasa este reduccionismo, al reconocer que “sería más ajustado señalar que lo nuevo es lo sistemático de esa práctica, mediante el diseño y empleo de leyes que permiten la detención arbitraria de jóvenes (“Ley de Identificación Preventiva” en Chile), su castigo (“Código de Faltas” en Córdoba) y la reducción de edad para imputarlos tempranamente”.
Esta situación se observa acentuada “en el proceso de reconfiguración del tablero político en la región: las protestas en Brasil en el marco del despliegue del ‘Golpe blando’ contra la presidenta Dilma Rousseff, así como los levantamientos populares frente a las primeras medidas del presidente Mauricio Macri en Argentina” fueron respondidas con la acción directa de “las policías en ambos países, siendo nuevamente lxs jóvenes quienes resultaron seriamente castigadxs”, alertan.
Por otro lado, el trabajo destaca que el ensañamiento contra la juventud no se relaciona exclusivamente con sectores en condiciones de pobreza, sino que responde “también a otros elementos como el color de piel y la participación en movimientos sociales”, advirtiendo que “en Brasil la persecución y castigo se dirige preferentemente a los jóvenes negros”, mientras que “en Chile han sido los estudiantes movilizados uno de los principales objetivos de la represión policial”.
Sin dudas, uno de los datos salientes de la sistematización realizada por las organizaciones tiene que ver con el nuevo perfil de la resistencia juvenil, al considerar que “las políticas educacionales implementadas por gobiernos progresistas en los últimos años han revertido” las diferencias entre los jóvenes provenientes de poblaciones de escasos recursos y de sectores medios.
Esta característica la observaron en “todas las organizaciones”, con “un alto componente de jóvenes provenientes de sectores populares, pero con estudios universitarios finalizados o en curso”, aclarando que “no se trata de una capa elitista de universitarios que ‘aterriza’ en las poblaciones para realizar un trabajo solidario, sino de jóvenes populares cuyos (nuevos) saberes académicos ponen al servicio de la transformación de su territorio y realidad”.
“Los jóvenes participantes de organizaciones como las acá analizadas, tienen o han tenido algún tipo de militancia política”, es otro rasgo comprobado a partir del intercambio de experiencias. Subrayando que “buena parte de su lucha contra la criminalización forma parte de un trabajo político-social mayor, y que suele reunir participación en colectivos artístico-culturales, deportivos, de iglesia, partidos o movimientos políticos”.
La propuesta
Esta importante iniciativa surge del Programa Mercosur Social y Solidario, que desde hace años sostiene un trabajo con organizaciones juveniles, con el fin de desarrollar acciones que contribuyan a denunciar y revertir la criminalización sobre las y los jóvenes.
El trabajo resultó en una sistematización que expresa “diagnósticos, estrategias y acciones elaboradas e implementadas con el objeto de modificar la realidad”, intentando revertir la situación de “un sector de la población habitualmente marginado, estigmatizado y reducido a mero depositario de políticas paliativas, por tanto, anulado en su historicidad”.
Para conocer más detalles del trabajo de Juventudes del Programa Mercosur Social y Solidario, aquí.
También podés contactarte con las organizaciones que compartieron sus experiencias:
Marcha de la Gorra (Córdoba, Argentina)
Pikete Informativo (Santiago, Chile)
Colectivo Makanaki (Santiago, Chile)
Frente Todxs contra a Redução (Campina Grande, Brasil)
No a la Baja (Uruguay)
1811 Independencia Juvenil (Asunción, Paraguay)
